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14.774 actuaciones inspectoras

En total, se han levantado 1.239 actas que han generado 14.774 actuaciones inspectoras (8.335 en 2008) sobre diferentes productos y servicios puestos a disposición del consumidor en la Comunidad Autónoma.

Aparte  de las actuaciones habituales de control de mercado se han desarrollado campañas específicas de control de etiquetado de pescado en minoristas, de etiquetado de alimentos con declaración de propiedades saludables, de disolventes, de juguetes eléctricos, lámparas, pequeños electrodomésticos, material eléctrico, de aparcamientos, etc. y se han realizado 244 tomas de muestras.

Desde La Rioja se han emitido 42 notificaciones de alertas sobre diferentes productos. Por otro lado, en los últimos años se ha producido un aumento de las notificaciones que desde el Instituto Nacional de Consumo se trasladan a los órganos de consumo de las Comunidades Autónomas sobre determinados productos que presentan o pudieran presentar un riesgo para los consumidores.

Durante el 2009, se registraron 2.876 alertas  sobre productos que presentaban incumplimientos relacionados con la seguridad (42 fueron emitidas desde La Rioja), lo que representa un 15% de aumento respecto a las de 2008. De ellas, los principales productos alertados fueron juguetes (23,29%), artículos infantiles (13,08%), calzado de adultos (12,40) y, finalmente, material eléctrico (9,00%).

La actuación inspectora se centra en la localización de los productos alertados en los comercios. Destacar por su importancia, durante 2009, las alertas sobre calzado por dimetilfumarato y que llevaron a realizar inspecciones en 135 establecimientos dedicados a la venta, distribución o fabricación de calzado.

Por su parte, la Junta arbitral de consumo atendió en 2009, 433 solicitudes de arbitraje de las que 178 se resolvieron mediante laudo que posibilita la resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y usuarios y empresarios.

El 75,2% de los expedientes se han resuelto en un tiempo inferior a un mes desde la realización de la audiencia.

La Consejería de Salud, a través de Consumo, ha participado en grupos de trabajo de información, formación y educación; arbitraje, asociacionismo, control de mercado y normativa. Y ha abordado, dentro del Aula Permanente de Consumo, contenidos como: derecho a la información, etiquetado de productos, publicidad, derechos básicos de los consumidores, servicios de asistencia técnica y etiquetado de alimentos.

En el ámbito educativo destacan dos iniciativas para fomentar el consumo responsable en la escuela: El concurso Consumopolis V para escolares, al que se destinan 3.090 euros y el concurso para trabajos didácticos de consumo para profesores, con una aportación de 15.100  euros

Asimismo, en 2009 Salud editó 10.000 ejemplares de la Agenda del Consumidor, con el objetivo de propiciar un consumo responsable entre los riojanos.

La agenda es un instrumento útil y eficaz para ayudar al consumidor en todas sus tareas cotidianas e informar a los ciudadanos de diferentes aspectos relativos al consumo.

173.218 euros para subvenciones

La Consejería de Salud destinará este año 173.218 euros a conceder subvenciones en materia de consumo, tanto a las asociaciones de consumidores y usuarios como a las entidades locales.

La inversión total se desglosa en dos tipos de subvenciones. Por un lado, la Consejería de Salud destinará 113.465 euros para ayudas a las asociaciones de consumidores y usuarios de La Rioja, con el objetivo prioritario de que desarrollen programas destinados a la atención de los siguientes sectores de la población infantil, juvenil, tercera edad y población rural.

En segundo lugar, Salud invertirá 59.753 euros para conceder ayudas a los ayuntamientos que lo requieran. El objetivo de dicha inversión es que los municipios de La Rioja, especialmente los que cuentan con más de 5.000 habitantes, consoliden o estructuren unos servicios de protección al consumidor que cumplan funciones de control de mercado, además de información.

Las subvenciones que se contemplan pueden ir destinadas a promover la información y la educación de los consumidores, con el objetivo de facilitar sus opciones de adquisición de bienes y servicios, con el conocimiento adecuado para su uso y disfrute.

Asimismo, se persigue que los municipios protejan jurídica, administrativa y técnicamente a los consumidores en situaciones de inferioridad o indefensión.

Además, los ayuntamientos deberán promover la participación de los consumidores y usuarios en la definición de los intereses sociales, fomentando siempre el movimiento asociativo.